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Pugwash Meeting no. 284
Pugwash Workshop

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Workshop
Taller sobre iniquidades económico-sociales en América Latina

29 May - 2 June 2003, Bariloche, Argentina


Informe
(en Espa
ñol)
por Darío D'Atri and Walter Scheuer


En San Carlos de Bariloche, Argentina, desde el 29 de mayo al 2 de junio de 2003, se reunió el Primer Taller Regional realizado en el marco del Grupo de Estudio Pugwash denominado 'Hacia la Solución de las Iniquidades Económicas en América Latina y de sus Consecuencias Sociales'. Fue organizado por el Grupo Bariloche para Ciencia y Asuntos Mundiales (Grupo BACyAM) y se concretó gracias al apoyo generoso de Pugwash Conferences on Science and World Affairs, Pugwash Holanda y las siguientes instituciones de Bariloche: Fundación Balseiro, Centro Atómico Bariloche (Comisión Nacional de Energía Atómica), Concejo Municipal, Hayland Travel y Southern Winds Líneas Aéreas. Un participante español especializado en asuntos latinoamericanos se reunió con 11 participantes argentinos provenientes de diversas disciplinas socio-económicas, además de algunos observadores del grupo organizador.

La búsqueda de modos de resolución de los problemas relacionados con la alarmante situación socio-económica actual en la mayoría de los países latinoamericanos, emergió en el escenario regional como una de las prioridades máximas. En toda la región, diversos foros de pensamiento económico y académico, dirigentes de corporaciones industriales, sindicales y financieras, algunos partidos políticos actualizados, así como ONGs, están prestando o comenzando a prestar atención a los temas vinculados con esta cuestión problemática. Por ello, se consideró que el mencionado Grupo de Estudio debería adherir a esta corriente y, por lo tanto, comenzar sus actividades a la brevedad. Una consecuencia de esta decisión fue que - como ya se dijo - la participación fuese primordialmente argentina y que la situación de crisis de la Argentina y sus consecuencias sobre el aumento sostenido de la pobreza y la iniquidad ocuparon gran parte de los debates y presentaciones. Se dedicará gran esfuerzo a lograr que en los talleres que seguirán a este primero participe un conjunto altamente diversificado de especialistas latinoamericanos y de otras procedencias.

Los integrantes del taller concentraron sus análisis y discusiones en dos ejes temáticos:

1) La situación de deterioro macroeconómico y de los sistemas productivos de los países latinoamericanos al cabo de más de una década de aplicarse políticas económicas de orientación neoliberal, que incluyeron acelerados programas de privatización de empresas públicas, retirada del Estado del rol rector de las economías latinoamericanas, profunda apertura comercial y liberalización de las relaciones económicas hacia el interior de cada país.

2) Las políticas públicas y los marcos jurídicos que permitieron un aumento sostenido de la pobreza y la iniquidad social y económica.

Adicionalmente, aunque forma parte del eje temático macroeconómico, el grupo de estudios dedicó especial atención a analizar el impacto y los condicionantes que generan las abultadas deudas externas de los países latinoamericanos, como también el impacto de la globalización en América Latina.

En lo que sigue, se presenta una primera visión de los temas tratados, agrupada en cuatro secciones. El texto es exclusivamente responsabilidad de los autores. En www.forobariloche.com.ar, se puede encontrar amplia información sobre las Pugwash Conferences on Science and World Affaires, el Grupo de Estudio, el Primer Taller Regional, el Grupo BACyAM, como también los textos de los trabajos presentados durante el taller.

I. Situación Macroeconómica y Análisis de los Sistemas Productivos

América Latina fue, claramente, la región del planeta que, desde fines de los años '80 hasta la actualidad, más profundamente aplicó políticas de liberalización económica, privatización de empresas públicas, apertura comercial acelerada y retiro del Estado. Simultáneamente, desde 1980 a 2000 el número de pobres creció en toda América Latina en 75 millones de personas, superando en la actualidad la cifra de 200 millones. Del total de los nuevos pobres de la región, casi el 95% son pobres urbanos. Los programas de liberalización económica, inspirados en gran medida en el llamado Consenso de Washington (un conjunto de mandatos políticos y económicos que, desde fines de los '80, definió prioritariamente la doctrina promovida por los países centrales y los organismos de crédito multilaterales hacia los países del llamado Tercer Mundo), generaron no sólo pobres e indigentes, sino que acentuaron espectacularmente los índices de iniquidad económica y social, dispararon las tasas de desempleo a cifras superiores al 15% y promovieron, con la salida del Estado del rol rector mantenido en las décadas anteriores, un incremento de los niveles de analfabetismo y abandono escolar producto de la falta de recursos para la educación pública, así como un deterioro nunca visto de los sistemas de salud pública, que son los utilizados por la mayoría de la población latinoamericana.

Al mismo tiempo, la década del '90 fue un decenio de un espectacular ritmo de ingreso de capitales financieros y productivos a América Latina, lo que produjo, de la mano del proceso de privatizaciones, un salto importante en el ritmo de las inversiones en las infraestructuras de telecomunicaciones, portuarias, viales y de servicios en general de la mayoría de los países de la región. Este salto en el ritmo de las inversiones, sumado al efecto de la apertura comercial, generó un proceso de rápido avance en las condiciones generales de los servicios e infraestructura, con el consiguiente impacto positivo en los estándares de producción de las empresas de la región.

De acuerdo a lo que se expuso en este encuentro, la combinación de apertura comercial, privatizaciones y aumento considerable de las inversiones extranjeras generó un fenómeno microeconómico caracterizado por los siguientes elementos:

1) Extranjerización de la propiedad de las principales empresas e industrias locales.

2) Fuerte impacto de la incorporación tecnológica y de la reingeniería de procesos en la eficiencia de las empresas e industrias.

3) Aumento de la importancia relativa de los servicios en el conjunto de la economía;

4) Segmentación pronunciada entre, por una parte, algunas empresas que resistieron la competencia de productos importados mediante un cambio profundo en sus métodos de producción y una nivelación de sus costos y calidades de producto a estándares internacionales, y, por otra, un segmento muy importante de empresas e industrias que no soportaron la competencia exterior y cerraron sus puertas;

5) Aunque el factor principal del aumento de la desocupación fue el cierre de empresas por impacto de la competencia exterior que generó la apertura económica, también se produjo desempleo por fenómenos microeconómicos como el recambio generacional asociado a la incorporación de tecnología o la reingeniería y racionalización de procesos.

En el conjunto de discusiones sobre los marcos económicos de la iniquidad en América Latina se debatió intensamente respecto del impacto de las políticas de cambio fijo sobrevaluado - como la que vivió la Argentina entre 1991 y 2001 - sobre la pérdida de competitividad y destrucción de las economías nacionales. Varios integrantes del panel sostuvieron que la adopción de dichas políticas cambiarias no fue producto de decisiones políticas sólo equivocadas, sino que respondieron al interés particular de grupos financieros y de servicios, locales y extranjeros, que se vieron altamente favorecidos por dicha política monetaria y cambiaria. En ese sentido, junto con la adopción de políticas cambiarias de sobrevaluación de las monedas locales, se mencionó como factor que generó una creciente inestabilidad regional la virtual inexistencia de normas de control de entrada y salida de capitales financieros. De ese modo, países como la Argentina, no sólo sufrieron en su economía real el impacto de una sobrevaluación de la moneda que generó una perdida creciente de la competitividad de los productos locales, sino que la apertura total del flujo de capitales generó un doble efecto nocivo: por un lado, el ingreso acelerado de capital financiero que permitió la financiación de políticas fiscales no consistentes y el aumento del consumo con ahorro externo y, por el otro, la vulnerabilidad a los shocks externos, producto del corte abrupto de financiamiento internacional en épocas de crisis, tal como se vio en las sucesivas del Tequila, del Sudeste Asiático y de la devaluación rusa. Explícitamente, hubo entre los participantes coincidencia total en la necesidad de aplicar, tal como lo hace Chile, normativas para el control de capitales.

Asimismo, se señaló que el paso de economías cerradas y de alta participación estatal a economías abiertas sin control del Estado generó consecuencias negativas, acentuadas por la falta de políticas compensatorias adecuadas. En el taller se mencionaron las siguientes carencias:

1) No haber planificado un sistema financiero orientado a la inversión productiva.

2) No haber desarrollado un sistema e instituciones para generar innovación.

3) No haber formado recursos humanos.

4) No haber tenido estrategias de negociación internacional.

5) No haber fomentado la cooperación y asociatividad en las empresas.

6) No haber desarrollado la producción hacia economías de escala y especialización.

La cuestión de la pobreza en América Latina también fue discutida desde un enfoque ideológicamente más amplio. Así, en relación con el aumento de la pobreza en América Latina, uno de los participantes planteó que la opción es pensar el problema de la pobreza desde un criterio de 'mitigación', como proponen, por ejemplo, los organismos financieros internacionales, o, al contrario, avanzar hacia un sistema de relaciones sociales que permita plantear cambios estructurales a partir de modificaciones en las políticas públicas y de revalorizaciones culturales. Centró la necesidad de cambio estructural en la modificación de lo que consideró la actual situación de 'sobrecapacidad productiva estructural', en la cual la capacidad de oferta supera a la demanda real futura, situación que identificó como causante de muchas de las políticas públicas erróneas y de los efectos negativos de la globalización señalados más arriba. En cuanto a los profundos cambios culturales, en su opinión requeridos para tender hacia una percepción más humanista de la sociedad, destacó el rol de los sistemas educativos y de los medios de comunicación para lograr su concreción.

Como un ejemplo puntual de pequeño pero significativo cambio estructural, ante el hecho de que el cierre generalizado de empresas ha impactado fuertemente en el aumento de la desocupación, la pobreza y la iniquidad, varios miembros del Grupo de Estudio propusieron la búsqueda y promoción de mecanismos para propiciar la continuidad de las empresas, por ejemplo a través de sistemas cooperativos o de traspaso del control de las compañías afectadas a sus empleados. Aunque se tomó como referencia el caso de la Argentina, en cuya crisis surgió un fenómeno creciente de control obrero de empresas en proceso de quiebra, un participante del taller mencionó un antecedente español, país que a mediados de los setenta sancionó una ley que reglamenta las sociedades anónimas laborales, es decir, empresas administradas por sus empleados.

Ideológicamente mucho más profunda desde el punto de vista de la búsqueda de soluciones a la iniquidad económico-social fue la discusión entre varios de los participantes respecto de qué venía primero: la generación de metodologías adecuadas para incrementar la creación de riqueza o la generación de metodologías adecuadas para optimizar socialmente la distribución de la riqueza existente en cada momento. De trascendencia similar fue el intercambio de opiniones sobre política tributaria en cuanto a decidir en cuál área se ponía el peso gravoso: el trabajo, el capital o la ganancia.

II. Globalización e Iniquidad

Dentro del marco de las discusiones económicas, se presentó una ponencia referida al impacto de la globalización sobre las condiciones sociales y económicas de los países en vías de desarrollo, así como a su caracterización en América Latina. La visión del autor difirió claramente de aquella que sostiene que el poder ha sido transferido totalmente a una esfera transnacional que limita o hasta impide la capacidad de los países periféricos para establecer procesos de desarrollo propios, dejando como opción única la instrumentación de políticas adaptativas. En su opinión, como vía para afrontar el problema de la iniquidad, hay que construir un paradigma alternativo, realista, de presencia en el mundo a partir de ser uno mismo, de la entidad propia como nación poseedora de un potencial propio y diferenciado de desarrollo. Como tendencias centrales de la globalización señaló:

1) Crecimiento muy fuerte del comercio y transformación del mismo, con aumento de la participación del comercio de bienes y de servicios de alto valor agregado. En particular, dentro de los bienes manufacturados, aumento importante para los que poseen alto valor agregado asociado al conocimiento.

2) Internacionalización de la producción, debido a la expansión de las compañías multinacionales: más de un tercio del comercio internacional es intra firma, lo cual moldea los mercados de la mano del fuerte crecimiento de las filiales.

3) Integración de los mercados financieros y generalización de corrientes de capitales especulativos que repercuten sobre todo en los mercados emergentes, a pesar de que éstos no llegan a ser destinatarios de más de un 10 % del total de esos flujos financieros.

4) Normas de los países centrales que discriminan a los países en desarrollo, privilegiando los intereses de sus empresas y de sus gobiernos. Desde luego, lo mismo ocurre con el acceso al conocimiento.

En la ponencia principal sobre este tema, en terminos de vías alternativas se sostuvo que:

1) Aunque la globalización es el espacio del ejercicio del poder, junto a las precedentes tendencias de fondo que la caracterizan, hay alternativas de política comercial y de inserción internacional. Así, en las políticas financieras se ingresa a la globalización como sujeto pasivo y sin reglas de control de los flujos financieros, o se lo hace imponiendo ciertas reglas de control. Asimismo, con los procesos de expansión de multinacionales, se puede suponer que toda inversión extranjera es buena, con la consiguiente política de eliminación de cualquier normativa, traba o reglamentación, o se imponen reglas y políticas que generen un marco de control de los recursos nacionales, que direccionen las inversiones hacia la producción de bienes exportables, etc.

2) En cuanto al acceso al conocimiento, es necesario endogenizar ese proceso, porque el transplante de conocimiento es un proceso parcial que no contribuye a la transformación del tejido productivo.

3) El grado de injusticia y desigualdad existentes en un país, depende de sus respuestas frente a los desafíos que impone la globalización. Los países tienen en sus propias manos las respuestas y el estilo de inserción en el contexto internacional. Cada país participa en la globalización conforme a la política que aplica: una dinámica, de expansión del comercio internacional, de acceso al conocimiento, de innovación; otra de aumento de la desigualdad, de pérdida de control sobre los recursos naturales, de incapacidad de control de los flujos financieros.

4) El nivel de la desigualdad económica-social de una nación constituye un factor central. Las características de los países "exitosos" en términos de ingreso a la globalización son: sociedades más integradas socialmente, que tienen desigualdades más moderadas. Al contrario, los países con extrema fractura social, con alta concentración de la riqueza, países que despilfarran, países con desigualdad extrema en la cual los liderazgos tienden a ser cipayos, tienen todos en común el pertenecer a países que no han logrado una buena integración a la globalización. También el pensamiento económico queda atrapado en los países con altos niveles de desigualdad, incapaces de generar una alternativa al discurso unívoco generado desde los países centrales.

5) Los fenómenos de violencia, extremismos y terrorismo deben ser vistos como una consecuencia natural y previsible de los altos niveles de desigualdad e iniquidad generados por la globalización, que hasta amenazan los intereses de los propios países centrales. Es un deber de estos países intensificar la búsqueda de un orden más equitativo, más equilibrado.

6) Del lado de los países en vía de desarrollo, hay que aceptar que sus problemas no se van a resolver en el escenario internacional, sino a través de decisiones autónomas de la política publica. Es esencial recuperen su capacidad de decisión, fuertemente erosionada por el condicionante de la deuda externa. No es que falten recursos, es un problema organizativo, de construcción de un sistema político de convergencia, en cuyo marco las mayorías deberían poder construir un sendero viable de integración en el mundo.

Durante la discusión ulterior, surgió, por una parte, la noción de que era necesaria la integración supranacional latinoamericana (con base en el Mercosur), para así generar una masa crítica capaz de lograr cierto grado de invulnerabilidad estratégica. Por otro, se resaltó la importancia de tener presente que un Mercosur fuerte - como impulsor de una mejor inserción en el mundo - sólo era posible a partir de la integración de países fuertes en sí: sólo a partir de un conjunto de naciones exitosas se podrá aspirar a conformar un ente regional supranacional a su vez exitoso.

Asimismo, se confrontaron dos prospectivas: una que veía a los EE.UU. como exitosa en sus actuales afanes por lograr dominación planetaria y el establecimiento de un nuevo orden hegemónico; otra, que veía un no lejano mundo multipolar, con presencias fuertes de EE.UU., Europa, China e India.

III. Deuda Externa e Iniquidad Social y Económica

Dos ponencias y sesiones de discusión del taller estuvieron íntegramente dedicadas al debate referente al impacto de la deuda externa sobre las economías de los países latinoamericanos. Varios integrantes del panel criticaron el rol de los organismos financieros internacionales, como el FMI, que durante las ultimas décadas impusieron condicionantes estructurales a las economías de los países de América Latina, esencialmente la sistematización de planes de ajuste de presupuestos tendientes a generar superávit fiscal que permitiera el pago de los servicios de la deuda externa. Así, se puso de manifiesto que, a la irresponsabilidad con que la mayoría de los gobiernos de países de América Latina recurrió a financiamiento externo frente al desmanejo local de las economías, se debe sumar la irresponsabilidad con que los organismos financieros internacionales actuaron para consolidar un modelo de deudas externas impagables, en vez de imponer límites al círculo negativo de endeudamiento - ajuste fiscal .

Frente al problema de la deuda, y considerando que países como la Argentina están en default desde hace más de un año, hubo participantes que propusieron fuertes medidas tendientes a la investigación de los orígenes de la deuda y de sus sucesivas renegociaciones, como también la persecución judicial de funcionarios que hayan intervenido en procesos ilegítimos de su obtención o refinanciamiento. Asimismo, hubo propuestas tendientes a que los países de América Latina renegocien sus deudas externas basados en un criterio de supeditación de los pagos de los servicios a criterios de 'bien común' de las poblaciones, es decir, pagar sólo los intereses y capitales de las deudas genuinas una vez saldados los requerimientos de los países en términos de necesidades básicas de sus pueblos.

No como efectiva solución del problema de la deuda externa, pero sí como efectiva herramienta de presión jurídica, se propuso concretar la denuncia de la misma ante organismos con un elevado grado de independiencia como la Corte Internacional de La Haya, a fin de lograr un pronunciamiento sobre su legitimidad o ilegitimidad. En ese contexto, se recordó que América Latina - y la Argentina en particular - tienen tradición secular y reconocimiento internacional en cuanto al tratamiento jurídico exitoso de deudas externas latinoamericanas cuyo cumplimiento era exigido por los países centrales acreedores mediante fuertes presiones, inclusive armadas.

IV. Políticas Públicas y Marcos Jurídicos de la Iniquidad Social y Económica

Las últimas sesiones del encuentro de Bariloche estuvieron dedicadas a analizar los marcos institucionales y jurídicos que, directa e indirectamente, inciden generando las condiciones para que se acentúe y sostenga la iniquidad social y económica. En ese sentido, una primera ponencia y el posterior debate se enfocaron sobre la necesidad de consolidar sistemas judiciales independientes, frente a un escenario opuesto, en el que los poderes judiciales de la mayoría de los países de América Latina se caracterizan por su dependencia del poder político y económico.

Un participante del encuentro sostuvo que: "Hoy en día existe desconfianza en los pueblos hacia los sistemas judiciales, siendo los sectores sociales más débiles los más escépticos en cuanto a encontrar en los tribunales satisfacción a sus necesidades". Ante ese panorama, la propuesta fue:

1) Incrementar la independencia, imparcialidad y capacidad de los jueces. Para ello, los Consejos de la Magistratura, como órganos autónomos de la administración de justicia a cuyo cargo está la formación de jueces, la distribución de puestos y el régimen disciplinario, no deben sufrir interferencia de los otros poderes constitucionales.

2) Incrementar las competencias de los jueces de paz, tan arraigados en las comunidades, lo que permitiría resolver con mayor rapidez muchas cuestiones judiciales.

3) Reconocer una mayor vinculación de la jurisdicción interamericana - como la de la Corte de San José sobre Derechos Humanos. Esto no sólo aumentaría las garantías jurisdiccionales de los derechos humanos, sino que se tendería hacia un mayor rigor de los jueces nacionales si sus sentencias pudieran ser recurridas y revisadas ante la Corte Interamericana de Justicia o ante tribunales de justicia cuya creación en el marco de organismos regionales, como el del Pacto Andino o el del Mercosur, es requerida urgentemente.

En relación con este tema, durante los debates se mencionó el impacto negativo sobre las políticas publicas de los países de AL de las reformas a las cartas orgánicas del Banco Mundial y del BID, en 1985, que permitieron a esas entidades comenzar a financiar proyectos de reforma institucional, en lugar de dedicarse a proyectos de infraestructura, salud, etc.. Esto produjo no sólo un fenómeno de injerencia de los organismos en el moldeado institucional de los países de América Latina, sino que ese moldeado tiende a responder más a criterios de eficiencia fiscal que a las necesidades reales de eficiencia e independencia judicial.

Finalmente, se presentó una ponencia sobre organismos gubernamentales de control independientes, sintetizada en los siguientes puntos:

1) Invertir la regla: del control social ejercido por el poder político sobre la sociedad a una nueva forma de control de la sociedad sobre el poder político.

2) Establecer un mecanismo de rendición de cuentas regulares de los gobernantes y un mecanismo que permita la posibilidad efectiva de revocación de mandatos, como forma de evitar la 'formalización' del voto, acto en el cual los ciudadanos se expresan periódicamernte y luego los gobernantes hacen lo que quieren, inclusive lo contrario de sus propuestas electorales. Será necesario dotar a este mecanismo de una eficiencia tal que no permita que surja un vicio burocrático en la aplicación de este sistema de revocación.

3) Establecer que una de las condiciones que deben reunir los controladores es no haber actuado en los 10 años anteriores en empresas sujetas a control.

4) Generar organismos de control de empresas públicas que, a diferencia de los actuales, funcionen. Analizar la viabilidad de estructuras formadas por los consumidores de los servicios prestados por dichas empresas, para que ejerzan un doble control, sobre los organismos de control y sobre las mismas empresas. Debe instrumentarse un mecanismo sencillo de actuación frente a la violación de los deberes de funcionario público por parte de los agentes públicos miembros de los organismos de control. Asimismo, analizar la posibilidad de que este tipo de control sea ejercido por el Poder Judicial, lo cual implica resolver previamente el problema de la inexistencia de una policía judicial, directamente dependiente de los jueces, para hacer inmediatamente posible el cumplimiento de las resoluciones de éstos.

5) Generar un organismo de control sobre la Justicia. En el caso argentino, basta ver lo que ocurre en el Consejo de la Magistratura para entender no sólo su necesidad, sino para llegar a la conclusión de que el control judicial no puede estar en manos de miembros del Poder Judicial. Como ejemplo se puede señalar que en los cuatro primeros años del Consejo de la Magistratura argentino, sobre más de 600 denuncias hubo sólo tres sanciones, en todos los casos, menores: la corporación judicial se cierra y no hay forma de lograr que funcione efectivamente el control sobre los miembros de esa corporación cuando los que controlan son también miembros. Esto implica crear, en la mayoría de los países de América Latina, nuevas normativas.

6) Generar sistemas de control de las fuerzas de seguridad, sobre todo de la fuerza policial (no se plantea el control del ejercito). No es posible que haya violaciones a los derechos humanos en las comisarías sin que esto trascienda, a pesar de que esas violaciones pueden ser de gravedad o aun causar la muerte. El control debería ser en las seccionales, aunque no con presencia permanente. Es necesario crear un mecanismo efectivo que promueva visitas sistemáticas a las comisarías, no de funcionarios oficiales, sino de agentes designados por organismos de derechos humanos o por los colegios de abogados.

El contenido de estas propuestas fue desmenuzado y reforzado en la discusión ulterior. En particular, se debatió sobre: (a) la instrumentación de mecanismos de revocación de mandato como herramienta clave para un mayor control de las sociedades sobre el poder, (b) la importancia de los entes de defensa de la competencia, (c) la posibilidad de analizar los medios de comunicación radial y televisiva como servicios públicos debido a que circulan por espacios definitivamente no privados, (d) el importante crecimiento de la conciencia social respecto de derechos y obligaciones de los usuarios frente a empresas de servicios públicos (en particular, el de la convicción pública contraria a la pretensión de las empresas en cuanto a su derecho a rentabilidades ilimitadas).

Participantes

- Buch, Tomás - Tecnólogo. Consultor de una empresa local de tecnología de avanzada. Escritor sobre aspectos sociales de la tecnología. Miembro del Grupo BACyAM.

- Cafiero, Mario - Diputado nacional. Especializado en cuestiones económico-financieras, particularmente en deuda externa y procedimientos bancarios.

- Colomer Viadel, Antonio - Presidente, Consejo Español para Estudios Iberoamericanos. Profesor de Derecho Constitucional, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Valencia. Especializado en participación democrática avanzada, particularmente aspectos socio-económicos.

- D'Atri, Darío - Periodista especializado en economía nacional e internacional. Miembro del Grupo BACyAM.

- Espeche Gil, Miguel Ángel - Jurista y diplomático de carrera. Experto en aspectos jurídicos de la deuda externa y en derecho internacional. Exembajador en numerosos países.

- Ferrer, Aldo - Economista. Uno de los colaboradores principales en la elaboración del Plan Fénix, una propuesta económica alternativa para la Argentina. Exministro de Economía. Expresidente Banco de la Provincia de Buenos Aires [uno de los tres principales bancos públicos argentinos] y de otras instituciones públicas. Autor de numerosas publicaciones.

- Kosacoff, Bernardo - Presidente, rama argentina, Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL]. Experto en políticas industriales.

- Kozulj, Roberto - Economista, comunicador social, especializado en desarrollo cultural y energía. Asesor en economía, energía y pobreza en CEPAL, Universidad de las N.U., Consejo Mundial de la Energía, países latinoamericanos. Profesor titular, Instituto de Economía Energética, Bariloche.

- Lozada, Martín - Jurista. Especializado en justicia internacional, derechos humanos, privatización de la seguridad. Miembro de la Asociación Americana de Juristas. Miembro del Grupo BACyAM.

- Lozada, Salvador - Juez retirado. Especializado en deuda externa y derechos humanos. Miembro del Grupo BACyAM.

- Szmukler, Beinusz - Miembro, Consejo de la Magistratura. Presidente, Asociación Americana de Juristas.

- Viglione, Abel - Economista en Jefe, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas [FIEL]. Especializado en política industrial.
Otros miembros del Grupo BACyAM que participaron como observadores: Jorge Gil, Octavio Gorraiz, Karen Hallberg, Humberto Raiti, Walter Scheuer.

Workshop Participants
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